¿Por qué la homosexualidad está prohibida en tantos países del mundo, aun hoy en día? Es una pregunta difícil de responder, más aun si partimos de la idea de que la vida íntima debería permanecer así, privada, puesto que no afecta a nadie más que a las personas involucradas en esas relaciones.
Sin embargo, muchas naciones han basado sus leyes en prejuicios religiosos y morales acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo, para prohibirlas, castigarlas e incluso perseguirlas activamente.
Estudio del panorama mundial
En vísperas del mes del Orgullo LGBTI+, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), presentó el informe “Laws on Us” (“Leyes sobre nosotros”), donde realiza un mapeo de las leyes que afectan a las comunidades LGBTI en todo el mundo. El documento abarca tanto temas de orientación sexual como de identidad de género y características sexuales.
Según el sitio web de la propia ILGA, el informe revisa la situación legal en los 193 países miembros de la ONU y más jurisdicciones entre enero de 2023 y abril de 2024. Las cifras revelan que en un tercio del mundo (32%) la homosexualidad está prohibida, criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo.
En contraste, se está avanzando de a poco en el reconocimiento legal de género y en la protección de menores intersexuales, es decir, aquellas personas cuyos órganos sexuales al nacer no encajan fácilmente en las definiciones de “sexo masculino” o “sexo femenino”.
La homosexualidad está prohibida en un tercio del planeta
Hasta la fecha, un tercio del mundo sigue criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo: 60 países miembros de la ONU tienen leyes que lo castigan expresamente, mientras que 2 más utilizan leyes no específicas para penalizar estas relaciones.
Por otro lado, aunque tres países miembros de la ONU (Singapur, Mauricio y Dominica) y uno no miembro de la ONU (Islas Cook) eliminaron la criminalización desde principios de 2023, han surgido leyes regresivas en otros puntos del planeta. En el mismo periodo, Uganda impuso la pena de muerte para algunos actos sexuales entre personas del mismo sexo, e Irak formalizó la criminalización que ya existía de facto. Además, se informó de formas extremas de pena de muerte en Afganistán y Yemen. También se han anunciado proyectos de ley regresivos en al menos cinco países y se llevaron a cabo discusiones para criminalizar o agravar las penas en cuatro más.
Los avances brindan optimismo
A pesar de los retrocesos, el informe de ILGA también registra avances en muchas partes del mundo. Por ejemplo, 17 países ahora permiten que las personas vean su género reflejado en sus documentos oficiales de identidad. Aunque hay un creciente movimiento anti-género, desde enero de 2023, 5 países han reconocido legalmente el género con el que se autoperciben las personas: Ecuador, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y España, junto con el estado de Yucatán en México.
Asimismo, 9 países ahora cuentan con protecciones a nivel nacional contra cirugías o intervenciones innecesarias y no consentidas en menores intersexuales. En este aspecto, Chile, España y jurisdicciones como el Territorio de la Capital Australiana y las Islas Baleares ahora brindan esta garantía.
En contraste, durante el mismo periodo, Rusia y varios estados de Estados Unidos han aprobado leyes que marcan un retroceso en los derechos al prohibir los tratamientos de afirmación de género y promover intervenciones médicas en menores intersexuales.
Si la homosexualidad está prohibida, ¿cómo defender los derechos?
Los países donde la homosexualidad está prohibida o donde las personas trans no tienen derecho a su identidad representan una amenaza directa a los derechos fundamentales de las personas, comenzando con el derecho al trabajo. Estas leyes fomentan un entorno de discriminación y estigmatización que puede llevar a que las personas LGBTI+ queden fuera del mercado laboral. Los empleadores pueden sentirse respaldados por la legislación para despedir o no contratar a personas basándose en su orientación sexual o identidad de género.
En el ámbito de la educación, estas leyes tienen efectos devastadores, ya que perpetúan un clima de miedo y discriminación. Los estudiantes LGBTI+ pueden ser objeto de bullying, acoso y exclusión por parte del resto de los estudiantes e incluso por parte del personal educativo. Este entorno hostil puede afectar gravemente su rendimiento académico y su bienestar emocional, llevándoles a abandonar sus estudios. La falta de una educación inclusiva y segura deja a esta población joven sin (o con menos) oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo cual perpetúa el ciclo de discriminación y marginación.
El derecho a la salud también se ve gravemente afectado por las leyes en las que la homosexualidad está prohibida o que niegan los derechos de las personas trans. Estas leyes provocan que las personas LGBTI+ eviten buscar atención médica por miedo a ser arrestadas o perseguidas. Esto es especialmente serio en el contexto de la salud sexual y reproductiva, donde el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, es crucial.
La criminalización también puede impedir que el personal de salud brinde una atención adecuada y libre de prejuicios, ya que incluso pueden estar legalmente obligados a denunciar a las personas usuarias, o pueden tener miedo de ser asociados con la comunidad LGBTI+. Esto desencadena una atención médica deficiente, lo cual aumenta la vulnerabilidad y los riesgos para la salud de estas personas.
Libertad para garantizar los derechos
En resumen, las leyes discriminatorias no solo legitiman el estigma, sino que también crean barreras significativas para el acceso a oportunidades y servicios esenciales. La protección y el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBTI+ son una condición necesaria para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas.
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